Los Seguidores de Cristo son una secta religiosa que cree en la sanación con la fe y niegan a los niños atención médica.
En
Estados como Idaho existen "leyes escudo" que eximen de responsabilidad
a sus miembros, a pesar del elevado índice de mortalidad infantil en
estos grupos.
Mariah Walton habla en voz baja, su enfermedad le ha
destrozado los pulmones, y el respirador no es de mucha ayuda. Sin
embargo, habla con decisión.
"Sí, me gustaría que juzgaran a mis padres".
¿Por qué?
"Porque se lo merecen. Y porque tal vez un juicio serviría para impedir que otros padres hagan lo mismo".
Mariah tiene 20 años pero su aspecto es frágil; tiene una incapacidad
permanente. Sufre hipertensión pulmonar y cuando no está postrada en la
cama tiene que cargar con un tanque de oxígeno que le permite respirar.
En alguna ocasión ha llevado tornillos en los huesos para sujetar el
aparato de respiración. Tal vez muy pronto su única opción será un doble
trasplante de corazón y pulmón; una operación extremadamente
arriesgada.
Todo esto se podría haber evitado si
durante su infancia le hubiesen practicado una operación que consiste en
cerrar un pequeño agujero congénito en el corazón. Incluso la podrían
haber tratado con éxito unos años más tarde, antes de que el daño fuera
irreversible. Sin embargo, los padres de Mariah eran mormones
integristas que vivían aislados en el norte del Estado de Idaho en la
década de los noventa y que se negaban a llevar a sus hijos al médico,
por considerar que las enfermedades se curaban con fe y con el poder de
las plegarias.
A medida que su enfermedad empeoró,
los padres de Mariah empezaron a orar a su lado y optaron por la
medicina alternativa. Hasta que se fue del hogar familiar dos años
atrás, la joven no tenía un número de la seguridad social o una partida
de nacimiento.
Si hubiesen vivido en el Estado vecino de Oregón, sus
padres habrían sido denunciados por negligencia. En el caso de Mariah, y
en el de muchas muertes de niños que han tenido lugar en Idaho desde
los setenta y que se podrían haber evitado, la ley exime de
responsabilidad judicial a los practicantes de la "sanación con la fe".
La joven y su hermana participaron recientemente en una mesa redonda en
el capitolio del Estado, y debatieron sobre esta cuestión con varios
legisladores. Idaho es uno de los seis Estados que ofrecen un amparo
basado en la fe en casos de delitos como el homicidio imprudente.
Muchas familias mormonas, como la de Mariah, se benefician de esta
protección; la mayoría viven en el norte del Estado. Sin embargo, un
gran número de niños han muerto en el sur de Idaho, cerca de Boise,
donde viven familias que pertenecen a una secta pentecostal que cura con
la fe, los llamados Seguidores de Cristo.
En el
condado de Canyon, al oeste de la capital, el cementerio de la secta, el
Valle de la Paz, está lleno de lápidas de niños que vivieron un día,
una semana, un mes. El año pasado, un equipo especial creado por el
gobernador de Idaho, Butch Otter, calculó que el índice de mortalidad
infantil entre 2002 y 2010 en la secta era diez veces superior al de
todo el Estado.
Las leyes de amparo, también
conocidas como "leyes escudo", que impiden que se pueda juzgar a los
responsables de estas muertes son producto de la administración Nixon.
Los pediatras y los defensores de los derechos humanos abogaron por
nuevas medidas legislativas tras algunos casos de abusos a menores que
tuvieron un gran impacto mediático en los sesenta. Con el objetivo de
ayudar a los Estados a financiar programas para combatir estos abusos,
el Congreso aprobó la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso de
Menores (CAPTA), promulgada por Richard Nixon en 1974.
Sin embargo, dos asesores de Nixon, John Erlichman y J.R. Haldeman,
miembros de la Ciencia Cristiana desde su nacimiento, consiguieron darle
la vuelta a la ley.
Alan Rogers, profesor de
historia del Boston College, nos detalla cómo los dos hombres, que más
tarde terminaron en la cárcel por las escuchas ilegales del escándalo
Watergate, eran miembros de una secta de sanación con la fe y lograron
evitar que otras personas con las mismas creencias fueran acusadas de
negligencia.
"Erlichman y Haldeman eran miembros de
la Ciencia Cristiana y consiguieron incluir una disposición que
establece que todos aquellos que consideren que orar es la única manera
de curar una enfermedad quedan eximidos del cumplimiento de esta ley",
explica.
También se aseguraron de que otros Estados
que quisieran acceder a la financiación de la CAPTA incluyeran
disposiciones parecidas. Si bien más tarde esta exigencia de Washington
cesó, las leyes de los distintos Estados tuvieron que ser revocadas una a
una; un proceso largo y tedioso. Algunos Estados, como por ejemplo
Oregón, las mantuvieron a pesar del impacto mediático de las muertes en
una iglesia de los Seguidores de Cristo situada en Oregon City. Con el
paso del tiempo, ha dado marcha atrás. Ello ha permitido juzgar a varios
Seguidores de Cristo en Oregón.
En 2010, Jeffrey y
Marci Beagley fueron condenados por el homicidio por negligencia de su
bebé, Neal, que murió como consecuencia de una obstrucción congénita de
la vejiga. En 2011, Timothy y Rebecca Wyland fueron condenados por un
delito de maltrato y el tribunal ordenó que su hija Aylana recibiera
tratamiento médico y se le extirpara un tumor que la podía dejar ciega.
Un año más tarde, Dale y Shannon Hickman fueron condenados por un delito
de homicidio involuntario en segundo grado. Su hijo recién nacido había
muerto como consecuencia de una simple infección dos años antes.
A pesar de colindar con Oregón, la situación en Idaho es
radicalmente distinta. Los republicanos tienen una mayoría permanente
en la Cámara de Representantes estatal y son extraordinariamente reacios
a la posibilidad de sopesar una reforma. El año pasado, el equipo del
gobernador que analizó la situación de riesgo de algunos menores
recomendó algunos cambios: "La libertad religiosa debe ser objeto de
protección. Sin embargo, debemos proteger a los niños en situación de
vulnerabilidad para impedir que se le haga daño o incluso su muerte". El
legislador demócrata John Gannon propuso una ley de derogación que
nunca pensó "que sería tan polémica".
El presidente
del comité de salud y bienestar del senado, Lee Heider, se negó a
concederle una audiencia; la propuesta no prosperó.
Brian Hoyt vive en Boise y durante su infancia perteneció a los
Seguidores de Cristo. Es un hombre atlético de 43 años y vive en un
barrio bien cuidado situado en las afueras. Es el responsable de una
próspera empresa de limpieza de ventanas. Empezó este negocio en su
adolescencia, con una esponja y un cubo. Se escapó de su casa siendo un
adolescente, sin dinero y sin la posibilidad de poder estudiar. Cuando
lo visité, estaba reformando su casa, ya que en el pasado solo era "el
dormitorio de un soltero" y en la actualidad vive con su pareja y los
hijos de esta. Gradualmente, ha aprendido a vivir en familia ya que el
hecho de haber vivido en una secta no le permitía comprender qué era una
unidad familiar. "No entendía el concepto", explica.
Perdió la fe a los cinco años, después de que un bebé muriera en sus
brazos tras una "sanación con la fe" que no dio resultados. Mientras los
mayores rezaban, Hoyt tenía que succionar los mocos del bebé con un
aparato. Le contaron que el pequeño había muerto por su culpa, por el
hecho de no tener fe. Algo se rompió en su interior. Hoyt recuerda que
pensó: "¿Cómo puede ser esto obra de dios?". Su apostasía le causó
muchos problemas con sus padres y los miembros de más edad de la secta.
Cuando tenía 12 años, se rompió el tobillo mientras hacía prácticas de
lucha libre. "También me destrocé dos huesos del pie", recuerda. Sus
padres quisieron curarlo con los métodos tradicionales de los Seguidores
de Cristo, como por ejemplo, con "aceite de oliva rancio" y dejándole
beber un poco de vino Kosher. De vez en cuando, le pedían que caminara.
"Cada vez que lo intentaba mi cuerpo no lo soportaba y me desmayaba",
indica: "Cuando recuperaba el conocimiento, mi padrastro, mis tíos y los
miembros de más edad de la secta me daban golpes y me insultaban,
decían que no tenía la fe necesaria para que dios pudiera curarme. Mi
madre y mis tías estaban sentadas y observaban. Esto es lo que llaman
sanación con la fe".
Estuvo tanto tiempo sin ir a la
escuela que la escuela pidió un certificado médico. Su madre se vio
obligada a llevarlo al médico y durante toda la visita no paró de
decirle que era un pedófilo. Le enyesaron el pie y le dieron varias
medicinas pero cuando regresaron a casa, sus padres tiraron los
medicamentos por el inodoro, y lo dejaron sin calmantes. El médico le
puso una segunda escayola que le permitía caminar pero los familiares
del chico se la sacaron con la ayuda de una sierra circular.
Otras personas que han conseguido salir de la secta, como por ejemplo
Linda Martin, cuentan relatos similares de amenazas, prácticas de
sanación con aceite de oliva rancio, un alto índice de mortalidad
infantil, aislamiento y hermetismo. "Me fui porque no soportaba las
actitudes violentas. Mi infancia y la de Brian fueron muy parecidas. Las
muertes causadas por enfermedades no tratadas son para ellos la
voluntad de dios. Sus vidas giran en torno a esta supuesta voluntad de
dios":
Martin y Hoyt han hecho presión para que se
cambien las leyes del Estado. Concretamente, Martin ha dedicado años de
su vida a investigar las muertes por enfermedades no tratadas y las
actividades de la secta. Hoyt ha recibido amenazas, tanto por correo
electrónico como en su propia casa, y los miembros de la secta han
intentado hundir su negocio.
Hasta la fecha, todos
estos relatos no han servido para convencer a los legisladores
republicanos de Idaho. Sin ir más lejos, el senador Heider indicó que
los Seguidores de Cristo son gente muy agradable.
Janet Heimlich, defensora de los niños y escritora, ha hecho campaña por
todo el país para poner fin a las leyes que eximen de culpabilidad a
los seguidores de la sanación con la fe. Explica que antes de que
comenzara la legislatura Heider le indicó que él mismo se encargaría de
este proyecto de ley y que incluso llegó a colaborar en la redacción de
un borrador, pero que tan pronto como empezó el nuevo periodo de
sesiones en octubre dijo que no se tramitaría ningún proyecto de ley y
aseguró no tener conocimiento de ninguna propuesta en ese sentido. Esa
respuesta, repetida hasta la saciedad, era una sarta de mentiras y una
muestra de bravuconería.
Tras indicar a The Guardian
que no se había presentado ningún proyecto de ley (John Gannon confirmó
que él sí lo había hecho, como ya indicaron los medios de comunicación
locales en febrero) y que el fiscal general y el fiscal del condado de
Canyon le indicaron que no era necesario cambiar las leyes en vigor
(ambos hombres niegan haberle dado esa indicación) Heider puso como
excusa la Constitución de Estados Unidos: "Los republicanos no ven la
necesidad de cambiar las leyes que están en vigor. Creemos en la
importancia de la primera enmienda de la Constitución. No cree que los
Estados tengan el derecho de interferir en las creencias religiosas de
la población".
Cuando se vio obligado a dar una explicación por la
muerte innecesaria de niños que no reciben el tratamiento adecuado y
cuyos padres quedan eximidos por ley, Heider hizo una comparación
chocante. "¿Vamos a impedir a los metodistas que lean el Antiguo
Testamento? ¿Vamos a impedir a los católicos que puedan recibir los
sacramentos? Estas personas tienen unas creencias. Han hablado conmigo y
me han dado muchos ejemplos del Nuevo Testamento en los que Cristo curó
a enfermos".
Heider cree que las personas que no
profesan esta fe no deberían haber metido baza en este asunto e incluso
llegó a insinuar que The Guardian no tenía derecho
a inmiscuirse, al preguntar: "¿Y a vosotros cómo os afecta? ¿Ahora
Estados Unidos va a intentar cambiar las leyes de Idaho?". Reconoció
haber participado en un acto religioso de los Seguidores de Cristo en
año anterior; un privilegio poco frecuente en un grupo que se niega a
hablar con los periodistas.
Incluso si creemos que
los motivos de Heider para oponerse a un cambio legislativo se
fundamentan en la Constitución, lo cierto es que esta opinión es
errónea.
Alan Rogers, el profesor de historia del
Boston College, enumera un sinfín de sentencias del Tribunal Supremo de
Estados Unidos que hacen una distinción entre la libertad religiosa y la
libertad de práctica cuando esta última pueda causar un daño. En el
caso Reynolds contra Estados Unidos, el Tribunal Supremo prohibió la
poligamia, y en el caso Prince contra Massachusetts, confirmó que el
gobierno federal puede garantizar el bienestar de los menores cuando
estos derechos entran en conflicto con las creencias religiosas.
Frederick Clarkson, un investigador del grupo Political Research
Associates, ha estado estudiando el vínculo entre la religión y el
conservadurismo político. Señala que "la mayoría de políticos de Estados
Unidos son cobardes cuando tienen que lidiar con la religión". La
libertad religiosa es un principio muy potente y un gran logro en la
historia de la civilización occidental pero "también es un arma de los
ricos y los poderosos y para los políticos que prefieren no tener que
lidiar con algún tema".
Por otra parte, los
conservadores han estado utilizando el concepto de libertad religiosa en
los últimos años, tanto para impedir que los estados aprueben los
matrimonios entre personas del mismo sexo como para limitar el alcance
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Y
mientras los legisladores de Idaho se cierran en banda, los niños que
viven en comunidades que curan con la fe siguen sufriendo.
Según varios informes de una juez de instrucción, solo en el condado de
Canyon en la última década han muerto al menos diez menores de la secta
de los Seguidores de Cristo. Entre ellos, Arrian Granden, una joven de
15 años que murió en 2012 como consecuencia de una intoxicación
alimenticia. Vomitó tanto que su esófago se rompió. No recibió atención
médica y murió desangrada. En la mayoría de casos se trata de bebés que
murieron durante partos en el hogar o poco después como consecuencia de
enfermedades tratables, como infecciones o neumonía.
En un informe sobre la muerte de un bebé en el condado de Canyon, Asher
Sevy, se constata las dificultades que tienen las autoridades locales
cuando tienen que lidiar con las leyes que eximen a los padres.
Sevy murió en 2006 y un ayudante de la juez de instrucción del condado
de Canyon, que a su vez contó con la ayuda de dos ayudantes del sheriff,
pidió que se practicara la autopsia del bebé. Según el informe de la
juez, la familia "se opuso sin motivo" y le dijeron al ayudante que
nadie de iba a llevar el cuerpo del pequeño. Se lo tendrían que haber
llevado "por la fuerza".
Las autoridades del condado,
en coordinación con las oficinas del sheriff y de la juez, decidieron
"no empeorar la situación" y dejar las cosas como estaban. Nunca se pudo
determinar la causa de la muerte. La juez decide cuándo deben
practicarse autopsias. Su ayudante, Bill Kirby, indicó que no se había
hallado ninguna prueba que hiciera pensar que se trataba de un crimen.
Sin embargo, el caso es inquietante.
La juez de
instrucción del condado de Canyon, Vicki DeGeus-Morriss, que ha ocupado
ese cargo desde 1991 no ha querido hablar con The Guardian.
Un portavoz del condado, Joe Decker, indicó que la juez y otros
funcionarios han conseguido mejorar la relación con los Seguidores de
Cristo.
"Cuando Vicki tomó posesión, los Seguidores
informaban de la muerte de los menores en contadas ocasiones por no
decir nunca. Y cuando lo hacían, se negaban a colaborar con la juez y
con la policía cuando llegaban al lugar de los hechos", indica Decker:
"Ahora hay comunicación e informan de todas las muertes y siempre se
practica autopsia".
Desde fuera, esta explicación no
resulta convincente; persiste la sensación de que los Seguidores de
Cristo se creen con el derecho de imponer sus propias condiciones y
negociar. No obstante, lo cierto es que las autoridades locales no
pueden legislar; tan solo pueden hacer cumplir la ley. Una muestra de la
frustración que sienten las autoridades locales en torno a las "leyes
escudo" es el apoyo del fiscal del condado de Canyon, Brian Taylor, a un
cambio legislativo.
Los activistas, como Mariah
Walton, Janet Heimlich, Linda Martin y Brian Hoyt, no quieren que esta
situación se posponga hasta la próxima legislatura.
Bruce Wingate, de la organización Protege a los niños ha coordinado la
campaña "déjalos vivir", con anuncios de televisión en los que sale
Mariah. No disponen de muchos recursos pero creen que si consiguen
concienciar a la población, los legisladores se sentirán presionados.
Gannon, el legislador demócrata, afirma que el Proyecto de ley volverá a
estar encima la mesa el año que viene. "No va a desaparecer. A los
niños muertos no les importa la primera enmienda".
